Agradecemos la presentación realizada por los Relatores Especiales en el día de ayer. Vamos a referirnos primeramente al informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, señor Leandro Despouy.

Nos permitimos recordar que la República Bolivariana de Venezuela se consagra como un Estado democrático y social; de Derecho y de Justicia, con plena autonomía en el ejercicio de la función pública, y con estricto apego al principio de separación de poderes.

Reiteramos que el Estado venezolano adelanta esfuerzos para erradicar la provisionalidad en el ejercicio de la judicatura, promoviendo la carrera judicial y los concursos para lograr la titularidad en los cargos. En esta lucha, el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado respecto a las reclamaciones de jueces provisorios, mediante sentencias definitivamente firmes; con plena observancia del derecho a la defensa y al debido proceso; casos que por efecto de la cosa juzgada y bajo los principios que rigen la seguridad jurídica y nuestra propia soberanía; no pueden ser revisados en ninguna otra instancia.

Manifestamos nuestra disposición de seguir colaborando con el mandato de la Relatoría Especial para la independencia de magistrados y abogados.

Señor Presidente,

En cuanto al informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, señor Frank La Rue; reiteramos que en Venezuela el derecho a la libertad de expresión y de prensa están plenamente garantizados en la Carta Magna, y su libre ejercicio puede ser constatado día a día. En ese sentido, no hay otras limitaciones que no sean las establecidas en la Constitución y las leyes; sin que ningún medio de comunicación haya sufrido censura; y ningún periodista haya sido detenido en cumplimiento de su profesión.

El Gobierno venezolano públicamente ha denunciado en el ámbito internacional, la actividad de medios de comunicación privados que, desvirtuando la noble finalidad que deben cumplir, intentan alterar la paz y la tranquilidad social; incitando la confrontación; generando angustia y zozobra en la población; distorsionando la realidad de los hechos con matrices de opinión que pretenden hacer ver que en nuestro país se amenazan esas libertades; cuando en realidad, tales campañas menoscaban el derecho de las personas a acceder a una información veraz, oportuna e imparcial.

Lamentamos profundamente que en recientes comunicados de prensa, el Relator Especial se haya manifestado negativamente sobre la libertad de opinión y expresión en nuestro País, partiendo de noticias generadas en esos parcializados medios; y haciendo valoraciones sin habernos otorgado la oportunidad de brindarle información al respecto. Sin embargo, apreciamos su afirmación de querer presentar este informe bajo un espíritu de transparencia y apertura; así como su plena convicción de que el diálogo y la interacción deben fomentarse, para la efectiva implementación de su mandato.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando con el mandato de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión.