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Venezuela da su apoyo al Relator Especial del Derecho a la Alimentación |
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 Ginebra, 09 de marzo de 2009- En momentos en que el Gobierno Nacional decididamente libra una importante batalla por la seguridad y la soberanía alimentaria en Venezuela, la Delegación diplomática presente en la 10ª Sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifestó su apoyo a las labores del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, señor Olivier De Schutter.
En esta oportunidad, la Delegación venezolana representada por el Primer Secretario Enzo Bitetto Gavilanes, destacó el rango constitucional del derecho a la alimentación en Venezuela y su estrecha vinculación al derecho a la vida; así como la obligación del Estado de garantizar la alimentación a la población sobre la base de los criterios de accesibilidad, disponibilidad y precios justos de los alimentos, con fundamento en el impulso a la producción nacional.
La Delegación diplomática compartió la visión del Relator Especial en cuanto a que la realización del derecho a la alimentación es posible sí cada Estado cumple con sus obligaciones nacionales e internacionales, resaltando que el Gobierno venezolano viene promoviendo en el ámbito nacional una nueva orientación a la agricultura y a la industria de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y una nueva institucionalidad pública; mientras que en el entorno internacional a través de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha suscrito convenios para elevar la producción de alimentos con miras al autoabastecimiento y el fortalecimiento de los sectores productivos organizados y no organizados; incluyendo las comunidades campesinas, indígenas originarias y afrodescendientes.
Por último, respecto al informe presentado por el Relator Especial, la Delegación venezolana coincidió en la necesidad de despertar la conciencia de la comunidad internacional sobre la visión de los derechos humanos que debe existir en materia de asistencia alimentaria, y que supone la obligación de los Estados donantes y receptores para que dicha ayuda llegue realmente a los necesitados, así como el deber de todo Estado de prestar el socorro necesario cuando sea requerido; sin que haya ninguna excusa para tomar medidas regresivas injustificadas, muchas veces basadas en intereses políticos o comerciales que siempre dejan de lado las necesidades reales de la población.
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