Al abordar los diferentes aspectos que inciden en la actual situación de la economía mundial, el informe 2008 realiza algunas precisiones sobre las que nos permitiremos pronunciar a continuación:

En relación con las tendencias actuales de los precios de los productos básicos (Cap. II.B.), el informe señala que los cambios en los precios del petróleo, y más específicamente, los incrementos en dichos precios, han inducido una mayor demanda de productos agrícolas para la producción de biocombustibles, y que asimismo generan un incremento en el costo de otros productos básicos. En nuestra opinión y sobre la base de estudios de organismos autorizados como la FAO, la ecuación está formulada de manera incorrecta, ya que tales estudios han demostrado que la incidencia de los precios del petróleo en los precios de los alimentos “es, en el peor de los casos, limitada”, e igualmente señalan que precisamente uno de los factores que más ha incidido en el alza de los precios de los alimentos ha sido el incremento en la producción de algunos combustibles alternativos. Asimismo, la producción de agro-combustibles en calidad de combustibles alternativos ha entrado a competir con la producción de alimentos, disputándole así tierras y agua que originariamente serían destinadas a los alimentos. Otro elemento desencadenante de la crisis alimentaria ha sido el cambio en los modos de producción, ya que la gran agroindustria, asociada a los grandes capitales transnacionales y orientada a los monocultivos, ha arrasado con la agricultura campesina familiar, de consumo local. Aunque en un capítulo diferente, el Capítulo II.C., el informe se refiere, de manera acertada, al desmantelamiento que sufrió el sector agrícola en las dos últimas décadas, particularmente en África, como consecuencia de los programas estructurales de ajuste.

    En la misma parte relativa a los precios de los productos básicos del Capítulo II se hace también referencia a los términos de intercambio. Se plantea que el incremento en los precios y la mejora asociada en los términos de intercambio no estuvo acompañada de un mayor pago a los factores externos, lo que sugiere que los países productores se apropiaron de la mayoría o de todas las ganancias, siendo que las empresas productoras son empresas estatales.

En el caso de Venezuela es menester realizar algunas precisiones, para evitar confusiones innecesarias. Ciertamente, los ingresos obtenidos por concepto de la factura petrolera han sido reinvertidos a nivel nacional, sin embargo, de ninguna manera tales ingresos han sido apropiados por el Estado,  ya que gracias a los cambios que se impulsan en nuestro país, orientados a la construcción de un nuevo modelo social y económico, son los venezolanos y las venezolanas quienes ahora son los beneficiarios directos de esos ingresos. Los proyectos o mejor conocidas como las Misiones Sociales, que garantizan la inclusión social, el disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, y el fortalecimiento de la participación ciudadana, han incorporado a los sectores sociales tradicionalmente excluidos a los beneficios del desarrollo, a través de la distribución más justa y equitativa de los ingresos petroleros.

En el tema relativo a la crisis alimentaria (Cap. II.C.), el informe señala que el nivel al que los precios internacionales de los alimentos puedan afectar a los precios nacionales diferirá de país a país, dependiendo de la tasa de intercambio, de los costos de transporte, de las políticas nacionales de control de precios, y en general de las políticas comerciales y de las estructuras de distribución de alimentos. Sin que ello deje de ser cierto, la cuestión de fondo en esta aseveración trasciende las diferencias entre países o las diferencias de políticas comerciales, ya que en el fondo de lo que se trata es del modelo económico y social que sustenta tales diferencias, y que desde la perspectiva del capitalismo, éste ha mostrado su incapacidad para superar y menos evitar la crisis alimentaria, por cuanto desde esa perspectiva, los alimentos son considerados simples mercancías, sujetas a la acción especulativa. Para superar esta deficiencia, no sólo la adopción de medidas de emergencias como señala el informe, sino un enfoque integral y de permanencia basado en el la garantía del Derecho a la Alimentación.

A manera de conclusión, en el capítulo lII el informe plantea la necesidad de una cooperación internacional fortalecida en materia de política macroeconómica y financiera, a fin de contener las acciones especulativas de capital y evitar la competitividad en esas materia, la cual considera un juego suma-cero. Esta propuesta de la UNCTAD podría tener una gran importancia para Venezuela, toda vez que el tema de la cooperación internacional es uno de los principios que guían nuestra política exterior. Sin embargo, es necesario analizar con detenimiento las implicaciones de la misma. Particularmente el impacto que ha tenido la crisis financiera sobre la economía mundial demuestra  los niveles insanos de dependencia de esa economía respecto a los Estados Unidos, lo cual revela la necesidad que tienen los países en desarrollo de alcanzar su independencia y soberanía, a través de esquemas de cooperación e integración. Mediante esos esquemas se podrían ciertamente afrontar, de manera coordinada y concertada, los desequilibrios económicos mundiales. Sin embargo, un marco de reglas internacionales que regule las relaciones monetarias y financieras internacionales como el que aspira la UNCTAD en su informe, no podría en absoluto ser similar al esquema de la Organización Mundial de Comercio, por cuanto éste no está basado precisamente en reglas justas de intercambio comercial ni garantiza los intereses de los países en desarrollo.

    Dos propuestas adicionales relevantes formula el informe. La primera de ellas es que, a efectos de garantizar la diversificación y la industrialización, que por cierto son objetivos centrales en el hilo conductor de este informe, los países en desarrollo se beneficiarían de los ingresos extraordinarios por concepto de los altos precios en los productos básicos, mediante el depósito de esos ingresos en un fondo nacional que a tal efecto crearían, y cuyo fin sería financiar a los productores nacionales cuando la coyuntura de los mercados internacionales fuera desfavorable. Un concepto similar es el que está implementando el Gobierno venezolano a través del Fondo de Estabilización Macroeconómica, cuyo objetivo es ahorrar parte de los ingresos adicionales generados por el precio del petróleo.

    La otra propuesta importante se refiere al financiamiento de las inversiones, a través de los recursos nacionales, principalmente el crédito bancario. Para ello la UNCTAD señala en su informe que los Gobiernos podrían alentar a los bancos a facilitar el crédito para la inversión, particularmente orientándolo a los sectores estratégicos de las economías. A este respecto la UNCTAD llama la atención sobre las lecciones que dejó la desregulación financiera que se produjo en varios países en desarrollo a mediados de los ochenta, que ciertamente produjo un incremento de la actividad bancaria y la entrada de capital extranjero, pero que en nada contribuyó a las inversiones de los sectores estratégicos, desviándose los créditos hacia el consumo y la compra de bienes inmuebles; mucho menos se logró la reducción de las tasas de interés con la supuesta competencia que generaría la apertura de los sectores financieros. Por el contrario, todo ese proceso terminó en crisis financieras en esos países, desplomes de sus sistemas financieros y sobre todo, pérdidas para los ahorristas.

    Como un elemento final dentro del análisis de la financiación de las inversiones, la UNCTAD dedica una parte importante a la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), y al respecto manifiesta su preocupación por el hecho de que, aún cuando los desembolsos de esa ayuda se han incrementado, ésta todavía resulta insuficiente para contribuir en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y asimismo la mayoría de los países donantes no se han puesto al día con sus pagos.

Si bien la UNCTAD reconoce la importancia de enfocar la AOD en el desarrollo social, agrega que también es necesario, para que la reducción de la pobreza sea viable, esa ayuda debe fomentar igualmente el crecimiento económico, particularmente la inversión en infraestructura económica y en los demás sectores productivos, que además tienen una alta tasa de generación de empleos.

La propuesta de la UNCTAD no deja de ser importante, porque no se desconoce que el desarrollo es un proceso integral, en el que se conjugan los factores social y económico. No desconocemos la importancia de alcanzar niveles adecuados de crecimiento económico, sin embargo el crecimiento económico no puede ser una meta por sí misma, sino que ella debe tener contenido social, es decir, debe ser un crecimiento justo y equitativo, que permita garantizar los derechos sociales y económicos de todos los seres humanos por igual, permitiéndoles el acceso a los beneficios de ese crecimiento sin discriminación de ningún tipo. En este sentido, no podría aceptarse la propuesta de la UNCTAD de orientar la AOD hacia el crecimiento económico, si ello perjudica o le resta importancia a los objetivos de desarrollo social, ya que no se justificaría una sociedad con altos índices de crecimiento económico, cuando al mismo tiempo se hunde en la pobreza y la exclusión social.