Agradecemos al señor Ziegler por su informe.

Señor Presidente:

El Derecho a la Alimentación, como un derecho humano fundamental vinculado estrechamente al derecho a la vida, está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual establece que el Estado debe garantizar la alimentación al pueblo venezolano con las características de accesibilidad, disponibilidad y precios justos, fundamentado en el impulso de la producción nacional.

En su informe, el Relator Ziegler hace mención a Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, creada para establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable,  poniendo fin al régimen latifundista y en pro de una justa distribución de la riqueza. En este sentido, el Gobierno Bolivariano ha venido implementando exitosos programas sociales para garantizar la seguridad alimentaria de todos los venezolanos y venezolanas, en especial de los sectores más vulnerables, en lo que se ha denominado Misión Alimentación. De estos programas, queremos destacar el establecimiento de la empresa Mercados de Alimentos (Mercal), a través de la cual se ofrece alimentos de la cesta básica a precios bajos y sin intermediarios; la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas. Todos estos programas se implementan bajo la tutela del Ministerio de Alimentación, creado por el Gobierno del Presidente Chávez, para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Quisiera destacar algunas cifras que demuestran los logros de Misión Alimentación: nueve millones y medio de personas han sido beneficiadas de estos programas; un millón de personas han podido disfrutar de su derecho a la alimentación gracias a MERCAL Protección, y más de 6000 casas de alimentación han sido creadas, favoreciendo a un gran porcentaje de personas, especialmente de las clases menos favorecidas.

Con respecto al informe presentado por el señor Khotari, agradecemos su valioso aporte, así como su labor en pro de la promoción del pleno goce del Derecho a una Vivienda Adecuada.

Permítame centrar mi intervención en el punto tres del informe del Relator, sobre la necesidad del reconocimiento del Derecho a la Tierra y sobre su recomendación de que los Estados den prioridad a la reforma agraria, y a la redistribución de la tierra y la riqueza.

Para la República Bolivariana de Venezuela, la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades. La Constitución Nacional establece que el régimen latifundista es contrario al interés social, y por ello se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del latifundio, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo. Este principio constitucional ha sido articulado por medio de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y progresiva para el sustento de las generaciones futuras.

Así pues, en Venezuela, las tierras propiedad del Estado o, previa expropiación, las tierras propiedad de particulares que se encuentren improductivas, pueden ser otorgadas en adjudicación a los campesinos y campesinas que demuestren aptitud para transformarlas en fundos productivos, siendo el Instituto Nacional de Tierras, el ente encargado de la administración, redistribución y regularización de la posesión de las mismas. Asimismo, la ley dicta que las organizaciones colectivas económicas para la producción agraria sean establecidas teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema cooperativo, colectivo o comunitario.

A modo de conclusión permítame exponer algunos datos que reflejan los logros alcanzados por nuestro país. Cinco años después de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 74.342 cartas Agrarias, 3.563 Declaraciones de Permanencia y 558 Título de Adjudicación han sido entregadas, otorgando así 78.463 unidades productivas en 3 millones y medio de hectáreas. Asimismo, se ha avanzado en los procesos de rescate de tierras y la aplicación de Medidas Cautelares en 373 predios distribuidos en 22 estados, lo cual abarca una superficie de un millón y medio de hectáreas, beneficiando así a 15.121 familias. Igualmente, 84 fundos han sido instalados en el país, lo cual representa 415.505'67 hectáreas, con un total de 443 cooperativas agrícolas, beneficiando a 6009 familias campesinas.

Recientemente, en el marco de esta lucha contra el latifundio, el Gobierno del Presidente Chávez inició el Plan de Avance 2007 de la Misión Zamora, a través de la acción del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras, identificándose 25 grandes latifundios en todo el país, donde se implementarán empresas de producción social. Finalmente, el Presidente Chávez, anunció el pasado mes de marzo la recuperación de 330 mil 796 hectáreas a través de la intervención simultánea de 16 hatos ubicados en diferentes regiones del país.

Muchas Gracias, señor Presidente.